Hace un par de semanas, el gobierno de España decretó que en las empresas y en lugares públicos, la temperatura del aire acondicionado no podía fijarse por debajo de los 27 grados, ni la calefacción por encima de los 19 grados en invierno. Todo esto para ahorrar energía ante eventuales restricciones de suministro.
El decreto fue anunciado de sopetón y se ha tenido que modificar ante las protestas que ha generado. Resulta que es muy difícil trabajar moviéndose en el interior de establecimientos a 27 grados. Esto era muy duro para los empleados. Las protestas han obligado a rebajar el límite de temperatura a los 25 grados y a tener que establecer numerosas excepciones.
Esto pasa cuando se toman decisiones precipitadamente y sin haberlas pensado suficientemente. Ante una decisión deben tener voz todos los partícipes. Partícipes de una decisión son el responsable de la decisión, los que la tienen que ejecutar, los que pueden proporcionar información relevante, y aquellos a los que les afecta las consecuencias de la decisión.
Cuando todos estos partícipes intervienen, la decisión es siempre mucho mejor y es más fácil de llevarla a la práctica. Cuando el responsable de la decisión decide sin tener en cuenta al resto de los partícipes, la decisión es más rápida, pero es peor, y sobre todo ponerla en práctica suele ser mucho más problemático, pues los que tienen que ejecutarla a veces no entienden porqué están haciendo lo que hacen. Aquellos a los que les afecta la decisión empiezan a protestar. Los que tienen información relevante se sienten menospreciados y en definitiva la decisión suele ser un fracaso.
Una decisión en la que han participado todos es algo más laboriosa, pero es siempre mejor y mucho más fácil de llevarla a la práctica. Un ejemplo claro es cuando la dirección de una empresa decide despedir a uno de sus empleados. Si no se pide el parecer del jefe inmediato de este empleado el problema está garantizado. Hasta el jueves que viene y que aprovechéis vuestros últimos días de vacaciones.