El mensaje de la semana pasada sobre el trasvase de alumnos de la universidad pública a la privada causó cierto revuelo, a juzgar por la difusión que tuvo y los mensajes privados que recibí. Esta semana voy a hablar de la distinción entre servicio público y financiación pública, pues me parece que hay cierta confusión en este asunto.
La educación es un servicio público al que tiene derecho todo el mundo, y por lo tanto debe ser accesible a todo el mundo. Al menos la educación básica. La superior es otra cosa. Una sociedad con ciudadanos educados es mucho más próspera que una en la que la educación es deficiente. Todos nos beneficiamos de una sociedad de ciudadanos educados. Por tanto, la educación debe estar financiada para que todo el mundo tenga acceso a ella y debe ser pagada entre todos con nuestros impuestos.
Otra cosa distinta es quién proporciona esta educación. Cuanta más variedad haya, más posibilidades de escoger. Debe haber educación pública y privada, las que hacen más hincapié en unos aspectos y las que lo hacen en otros. Que cada alumno, o su familia pueda escoger. De ahí se desprende que la financiación de la educación via impuestos que todos pagamos debe ir tanto a centros públicos como privados. Pues las familias que llevan a sus hijos a centros privados también pagan impuestos con los que se sufraga la educación.
Sin embargo, hay una incomprensible presión para que la financiación pública de la educación vaya solo a los centros públicos ¿pero es que los que escogen escuela privado no pagan impuestos con los que también se financia la educación? Con un modelo de financiación pública solo para centros públicos, y los privados que se los paguen ellos, se discrimina a las familias menos pudientes, pues solo tienen acceso a la educación pública, quedándoles cerrada la posibilidad de escoger otros centros. Mientras que las familias pudientes pueden escoger unos u otros. Esto es lo menos igualitario que existe.
Una posible solución es el denominado cheque escolar. Que cada familia escoja el colegio que quiere para sus hijos, y que con los impuestos de todos se pagara la totalidad o buena parte de esa plaza. Habría financiación pública para todos, habría libertad de elección para todos, y habría competencia entre los centros para atraer alumnos, y como decíamos la semana pasada, la competencia mejora la calidad.
El problema es el temor que se tiene a la libertad. Hasta el jueves que viene, y como cada semana os dejo otro video.
Miguel Angel Ariño es Catedrático de IESE Business School y conferenciante, experto internacional en toma de decisiones, estrategia y liderazgo. Con más de 35 años de experiencia global, ayuda a Consejos de Administración y a la alta dirección a transformar la complejidad en claridad estratégica, impulsando un crecimiento sostenible y ético.
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Una reflexión interesante, pero con la que no estoy de acuerdo. Una cosa es financiar la educación con fondos públicos y otra cosa es financiar a la población para que consuma servicios privados. Eso no ha demostrado ningún beneficio y además supone un riesgo inflacionista que sume la población en más pobreza, con el riesgo de que las familias con menos recursos queden fuera de la educación básica. Y sinó mirad el modelo de la sanidad pública americana. Unos servicios públicos denostados y unos servicios privados tan caros que hacen de EEUU el país con la sanidad menos eficiente.
Lo que hay que asegurar es que la educación pública está bien dotada, es de calidad y prepara a las generaciones para asumir los retos humanos y económicos del país. Y cuando digo pública me refiero a la que es de titularidad pública y la que es concertada, es decir que recibe fondos públicos, cumple con los estándares de calidad, no discrimina por origen o resultado y se gestiona por una entidad privada sin ánimo de lucro.
Hola
Iba a contestar -comentar- a Toni Serrano por su último párrafo, pero como tengo opinión sobre más aspectos del asunto, inicio nuevo comentario
A mi me parece que la enseñanza, como otros mil temas no propios de Adam Smith, es un asunto en el que puede participar quien tenga algo que ofrecer o aportar; del mismo modo que si se estima que se ofrecen bienes de interés público se financien y aun se subvenciones. Cuando llegamos, bien sea a la subvención -sistema público o concertado -, que no es exactamente lo mismo que la financiación pública, que es un nivel distinto de empleo de recursos comunes – es del todo exigible que lo que se subvencione resulte de «utilidad suficiente» para la comunidad; ¿cómo verificarlo?, a mi no me pregunten, que «doctores tiene la Ley».
Y cuando se financie públicamente sistemas que ni son públicos ni concertados – que comportaría devolución – a partir de la «facilidad» que supone disponer de financiaón previa pública-; ¿qué es sino un préstamo hipotecario, por ejemplo?- también es exigible que el resultado, si va a ser homologable en el mercado de trabajo, sea de un nivel semejante a los de aquellos obtenidos en «competencia libre»
En resumen, ¡ viva la aportación de recursos públicos a la educación DE CUALQUIER NIVEL, que general más igualdad de oportuninades !. Y que sea en sistemas homologables para la UTILIDAD PUBLICA. ¿Cómo hacerlo?; de nuevo ¡qué se yo! (que no me dedico -ni cobro- por ello)
Saludos